De vez en cuando, protesto cuando una situación me parece injusta, y he conocido una historia (*) que merece la pena conocer.

Hace 8 años un taxista gallego, Jose María García Corral, cumplía servicio nocturno cuando tomó a un pasajero poco recomendable, le llevó a un lugar apartado donde le atracó, y tras un forcejeo, le dio una docena de puñaladas que le hirieron de muerte. Murió por 20.000 pesetas. El autor se entregó poco tiempo después, y un juez le condenó a 9 años y pico de cárcel y al pago de una indemnización a la familia, que es lo mínimo. La sentencia fue un poco «light» al haber atenuantes: «arrepentimiento» y ser toxicómano en tratamiento.

La familia, en su sagrado derecho, recurrió la sentencia por insuficiente condena y el Tribunal Supremo de Galicia desestimó el recurso. Además el asesino se declaró insolvente, y vio cambiada su suerte. La sanción no podía llevarse a cabo. Nuevamente, la familia recurrió al Tribunal Supremo, lo que habría hecho cualquiera. El entonces magistrado de la Sala Segunda y hoy Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, desestimó el recurso de casación y obligó a la familia a hacerse cargo de las costas procesales, 7.125 euros. Y el Juzgado ya ha emitido la orden de embargo.

De modo que, después de 8 años, a Jose María le vuelve a dar una puñalada el poder judicial, haciendo que la familia que le echa de menos desde 1999 y que perdió a un ser querido, no verá ni un céntimo de indemnización y encima deberá pagar unas costas que no puede afrontar. Así es la Justicia, que a veces es peor que actue a que se quede de brazos cruzados.

El asesino, un yonqui, seguramente está en la calle como un ciudadano más, después de haber jodido -con perdón de la expresión- a una familia entera dos veces. Se supone que la Ley está en favor de los damnificados y no de los que causan el daño, también será lo que piense un idealista o un estudiante de Derecho. Y es que a veces la realidad es peor que salir corriendo para estamparse contra un muro de cemento a cara descubierta.

Me parece increíble que una persona con tan poco sentido de lo que es justo y lo que no ahora sea el Fiscal General del Estado. Esto huele a podrido (y no me refiero a connotaciones políticas o ideológicas). Hay muchas cosas que huelen mal en el sistema judicial, en todos los niveles.

Pero se mire como se mire, una familia a la que le matan a alguien y encima sea condenada por ello, no es justo, no señor, no lo es.

Los taxistas tienen que lidiar todos los días con la posibilidad de un accidente, «sinpas», timadores, atracadores, multas, averías, larguísimas jornadas… y por si fuera poco, también tienen que protegerse de los jueces, incluso después de muertos, no vaya a ser que les den la puñalada más fuerte de todas.

Señor Conde-Pumpido, no entiendo cómo no se le cae la cara de vergüenza.

Fuente: Francisco Pérez Abellán (Libertad Digital)

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(*): Un comentario de un lector en la entrada de «Taxistas, conductores de otra casta» me llevó hasta esta historia

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