De vez en cuando, protesto cuando una situación me parece injusta, y he conocido una historia (*) que merece la pena conocer.
Hace 8 años un taxista gallego, Jose María García Corral, cumplía servicio nocturno cuando tomó a un pasajero poco recomendable, le llevó a un lugar apartado donde le atracó, y tras un forcejeo, le dio una docena de puñaladas que le hirieron de muerte. Murió por 20.000 pesetas. El autor se entregó poco tiempo después, y un juez le condenó a 9 años y pico de cárcel y al pago de una indemnización a la familia, que es lo mínimo. La sentencia fue un poco «light» al haber atenuantes: «arrepentimiento» y ser toxicómano en tratamiento.
La familia, en su sagrado derecho, recurrió la sentencia por insuficiente condena y el Tribunal Supremo de Galicia desestimó el recurso. Además el asesino se declaró insolvente, y vio cambiada su suerte. La sanción no podía llevarse a cabo. Nuevamente, la familia recurrió al Tribunal Supremo, lo que habría hecho cualquiera. El entonces magistrado de la Sala Segunda y hoy Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, desestimó el recurso de casación y obligó a la familia a hacerse cargo de las costas procesales, 7.125 euros. Y el Juzgado ya ha emitido la orden de embargo.
